El Tribunal Constitucional, presidido por Juan José González Rivas, ha suspendido la resolución independentista aprobada por el Parlament de Cataluña el pasado 25 de julio. Pero, además, ha advertido al presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, y al resto de los miembros de la Mesa de que deben "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". Hace bien el alto tribunal en prevenir al órgano rector del Parlament de las consecuencias de promover o facilitar iniciativas que van en contra de la ley o de las resoluciones judiciales. Que no digan después que no sabían lo que podía pasarles.