La Conselleria de Trabajo de la Generalitat ha llevado a la fiscalía el caso de una empresa de cuidadores a domicilio que tenía a 52 de sus empleados en situación irregular. Las sanciones que pueden derivarse de esa situación equivalen probablemente al cierre de la compañía, pero la ley debe aplicarse en todos los casos por igual. Es el típico caso de economía sumergida y de presunta estafa al Estado, puesto que incluso una parte de los empleados prestaban sus servicios en la empresa mientras recibían el subsidio de desempleo.
El aspecto más delicado del caso es la presencia en la plantilla de esta empresa de extranjeros sin permiso de residencia, algo que puede tener consecuencias penales. No obstante, también hay que llamar la atención en este punto a la incongruencia que supone que una persona pueda disponer de permiso de residencia en España, pero que no pueda firmar un contrato de trabajo.