La propuesta del consejero de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de establecer en Cataluña un salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de los 900 euros mensuales fijados a nivel nacional parece una medida muy positiva desde un punto de vista social. Sin embargo, el hecho de que la Generalitat carezca de esa competencia convierte la promesa en poco menos que un brindis al sol. Solo es propaganda electoral.