El bloqueo del desarrollo de las normativas para proteger a los denunciantes de casos de corrupción por parte de JxCat es difícil de defender. Las maniobras dilatorias de la presidenta de la comisión parlamentaria que tiene encomendada la tramitación de este asunto, Aurora Madaula, no tienen justificación alguna y la oposición y las entidades que promueven medidas anticorrupción han puesto --con razón-- el grito en el cielo. Esta actitud obstruccionista solo sirve para que aumenten las sospechas hacia la formación heredera del partido del 3%.