El Gobierno es víctima de su propia Ley de Transparencia. Y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es ahora la responsable de un caso especial. Las ayudas a las personas que no pueden pagar la factura de la luz, el bono social eléctrico, se prestan a partir de un algoritmo. La fundación Civio ha denunciado que ese sistema presenta fallos importantes, al dejar a miles de personas fuera, a pesar de reunir los requisitos que se piden. Pero Ribera no puede explicar cómo se prestan esas ayudas al tratarse de un código con la propiedad intelectual protegida.