Las maniobras del gobierno municipal de Barcelona en torno al ateneo popular de la Sagrada Família dejan muchas sombras. Una plataforma social exigía montar un centro cívico en un magnífico solar del barrio, pero la constructora encargada de edificar en ese terreno dona un millón de euros al ayuntamiento para ese equipamiento, que acaba situándose en otro local menos atractivo comercialmente. Así, los activistas tendrán su espacio; la empresa tendrá su edificio, y la alcaldesa Colau tendrá paz social y un ahorro de un millón en el ateneo. Sin embargo, dicho ahorro supone un aumento del coste para la constructora que, probablemente, acabe repercutido en el precio de los pisos.