La Fiscalía de la Audiencia de Barcelona solicita tres años de cárcel y una multa de 5.400 euros para los ocho jóvenes de la organización independentista Arran que causaron desórdenes públicos y daños diversos durante el Primero de Mayo de 2016 en la capital catalana. Parece que el ministerio público --que en Cataluña lidera Francisco Bañeres-- se empieza a poner las pilas y trata de impedir que las actuaciones violentas de los cachorros de la CUP queden impunes. Ya era hora.