Es cierto, no existe una norma sobre los plazos de resolución de los informes sobre el supuesto sesgo ideológico de TV3. Pero no es menos cierto que la demora del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) comienza a inquietar. Pasan los meses y el órgano presidido por Roger Loppacher (a propuesta de CiU), encargado de velar por la objetividad y la neutralidad, no dice nada sobre el tratamiento que hizo la cadena pública del pleno de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y tampoco sobre las quejas por la entrevista del director de TV3, Vicent Sanchis, a Inés Arrimadas, ni sobre el documental que explicaba el papel de los colegios durante el 1-O. En cualquier caso, si Loppacher tiene que desempatar, no extrañaría que lo hiciera a favor de los intereses de la televisión pública. No sería la primera vez.