El Gobierno de la Generalitat continúa haciendo caso omiso a las resoluciones del Parlament que le instan a destinar los terrenos de titularidad pública a vivienda de alquiler asequible. El Institut Català del Sòl (Incasòl), dependiente de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad que dirige Damià Calvet (PDeCAT), acaba de vender una finca para construir pisos de los que solo una tercera parte serán destinados a alquiler protegido. El Govern de Torra asegura que la justicia social es uno de los argumentos que justifican la independencia pero no se aplica el cuento cuando tiene la oportunidad de demostrarlo.