La Generalitat ha aprobado una subida de impuestos del 38% a la venta de pisos. Es cierto que las cuentas autonómicas no andan muy sobradas de ingresos, pero el ansia recaudatoria del Govern alcanza niveles que bien podrían calificarse de confiscatorios. Este incremento también afecta a las sucesiones y donaciones, contribuye a acrecentar las desigualdades fiscales entre CCAA y consolida a la comunidad catalana como una de las que más presión fiscal soportan en el ámbito de las transmisiones inmobiliarias.