El Gobierno ha puesto el ojo en las sicavs. El proyecto para que sea Hacienda, y no la CNMV, quien fiscalice este instrumento de inversión ha puesto nerviosas a algunas grandes fortunas. Temen que el fisco descubra lo que es un secreto a voces: que la mayoría de los partícipes de las sicavs son meros aportadores de su identidad --los conocidos como mariachis-- para cubrir el cupo de 100 accionistas que exige la ley. Y es que el ministerio que dirige María Jesús Montero parece decidido a acabar con una práctica que pervierte el objetivo inicial para el que fueron creados estos vehículos financieros: una herramienta de inversión colectiva y no un mecanismo para gestión de patrimonios individuales que permita diferir el pago de impuestos.