El anuncio del Govern, por boca de su portavoz, Elsa Artadi, de que iniciará los trámites para “recuperar” cuatro leyes de carácter social suspendidas o anuladas parcialmente por el Tribunal Constitucional deja dos conclusiones, una positiva y otra no tanto. Por una parte, el hecho de que en realidad lo que plantea el ejecutivo autonómico sea ajustar esas normas a la doctrina del TC, implica que el Govern descarta --de momento-- volver a la senda de la desobediencia, lo que es una buena noticia. Pero por otra, que el Gobierno autonómico lo venda como la recuperación casi intacta de las leyes originalmente aprobadas significa que le falta el coraje necesario para enfrentarse a los sectores más duros del independentismo, que le piden no dar ni un paso atrás y reactivar el procés.