El presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha renunciado a la posibilidad de ocupar la presidencia del propio tribunal y la del CGPJ en respuesta a las afirmaciones y acusaciones que han circulado tras la publicación de un Whatsapp del portavoz del PP en el Senado.

El gesto de Manuel Marchena, que ha ido acompañado de un comunicado en el que reivindica su independencia profesional, debería ser motivo de sonrojo para quienes usan los tribunales como arma política. Y también para aquellos que, movidos por intereses políticos, tratan de deslegitimar a la justicia española y librarse así de la respuesta legal que merece su conducta.