Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, no ha sabido gestionar lo que se ha encontrado, sumiendo en una mayor confusión al Tribunal Supremo y al conjunto de la ciudadanía, lo que incluye al sector bancario. Su decisión de frenar la sentencia emitida por la propia sala sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y la de dejar ahora en manos del pleno de la sala la cuestión, que se celebrará el 5 de noviembre, añade todavía más inseguridad. Algunas asociaciones de jueces ya han pedido su dimisión.