El máximo ejecutivo de Acciona es desde hace meses el gestor provisional de ATLL, su principal activo de la división de agua. El Gobierno de Quim Torra le avisó de que el próximo 1 de enero de 2019 una empresa de titularidad pública tomará el control del grupo y que sólo percibirá una indemnización por los desembolsos que haya hecho en la compañía, el preludio de otra guerra del agua. Pero mantiene la gestión diaria del agua que recibe Barcelona y su ámbito de influencia como si esa fecha nunca fuera a llegar. Como mínimo, no en las licitaciones públicas.