El acalde de Terrassa ha conseguido firmar la paz con Mina Pública, una filial del grupo Agbar, para acabar con la pugna judicial que mantenían por el servicio del agua en la ciudad. Gracias a la mediación del Colegio de Abogados egarense, el edil socialista y los responsables de la compañía han establecido una nueva fórmula de colaboración con la que ninguno de los dos sale demasiado perjudicado.
El consistorio puede llevar a buen término el cambio de modelo en que presta el servicio, de una concesión a uno público, y la empresa mantiene su actividad porque se subcontratará durante cinco años como mínimo sus trabajos, además de blindar la plantilla. Pero reconocer de forma pública el contenido de este acuerdo de colaboración público-privada es harina de otro costal.