El nuevo conseller de Territorio catalán ha anunciado la creación de una comisión que deberá resolver la concesión de ATLL a Acciona y crear la sociedad pública que se quedará con la gestión del servicio. Pero se ha olvidado de cifrar el impacto económico del desastre de esta licitación pública. Se resiste a indicar cuál será el impacto sobre el déficit público, los presupuestos de la Generalitat y a cifrar la indemnización que deberá percibir la multinacional de los Entrecanales. Igual que sus predecesores en el cargo, tampoco informa de la factura final para las arcas públicas en materia de asesores legales externos que han contratado. Todo ello, sin autocrítica ni responsabilidades políticas.