La familia Carulla vuelve a ser noticia otra vez por sus problemas con el fisco. En esta ocasión afectan a su sociedad de cabecera, Agrolimen, SA, buque insignia de este emporio empresarial catalán presidido por Artur Carulla Font. Es la tercera vez que los inspectores se personan en las oficinas del grupo, ahora situadas en la plaza Europa de Hospitalet de Llobregat. Las dos anteriores se saldaron con una batería de actas.
A título personal, los seis hermanos Carulla también han tenido encontronazos con Hacienda. En 2011 se imputó a los seis por utilizar firmas de las Antillas Holandesas, Uruguay y Costa Rica para esquivar el pago de impuestos. El asunto se saldó en 2014, mediante un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con el pago de 6,4 millones y la condena por delitos fiscales de Lluís Carulla Font, el hermano mayor, y expresidente de Agrolimen.
La elusión tributaria es inaceptable en cualquier caso. Pero cuando la perpetran unos auténticos potentados como los Carulla, adquiere tintes execrables.