La teniente de alcalde de Barcelona parece haber conseguido finalmente un acuerdo razonable con Airbnb: que la multinacional solo opere con clientes en situación legal, con licencia de actividad económica, cuando alquilen pisos turísticos.

Otra cosa será el alquiler de habitaciones para estudiantes o para visitantes que convivan con el propietario de la vivienda. Al margen de que éste declare los ingresos al fisco, la fórmula asegura un turismo quizá no de calidad, pero tampoco salvaje.