Hace falta mano dura contra los que todavía no son conscientes de que un perro no es un juguete. Menos aún, si se trata de una raza potencialmente peligrosa. La alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, se ha atrevido a ser uno de los municipios que utiliza la ley para multar, con sanciones de las más duras, a quienes no la cumplan.

La Guardia Urbana del municipio trabaja con intensidad para castigar infracciones como llevar al animal suelto, sin bozal, sin seguro o sin estar censado, así como no recoger los excrementos. Unas sanciones que pueden oscilar entre los 500 y los 800 euros. A grandes males, grandes castigos.