"En Santa Coloma de Gramenet y en Sant Andreu de Llavaneres no se movía un tocho sin el permiso de Luigi". Esa es la aseveración que ha hecho a este medio unos de los guardias civiles que, a pie de calle, más y mejor investigaron las irregularidades urbanísticas que forman parte del llamado caso Pretoria.
El fiscal califica a quien fuera diputado del PSC como "el conseguidor", "el comisionista por excelencia", "el que decidía quién, cómo y cuánto". Y le pide ocho años de cárcel y una multa de 22 millones.
Luigi pasó cinco meses en la cárcel y allí conoció a algunos presos especialmente peligrosos con los que entabló amistad. Ahora se ha sabido que alguno de ellos quiere llamar a su puerta para "brindar por lo viejos tiempos y por los servicios prestados".
Luis García confirma esas relaciones pero niega el contubernio.