El pasado 8 de mayo, la CEOE daba el visto bueno a la prórroga de los ERTE. Sindicatos y empresarios llegaron a un acuerdo con el Gobierno para llevar los expedientes de regulación más allá del estado de alarma. La fecha elegida: 30 de junio.
Varias patronales estallaron contra el acuerdo apadrinado por el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Exceltur, organización empresarial del turismo, Faconauto y Anfac, del automóvil, Foment del Treball y la madrileña CEIM alertaron de que el acuerdo es insuficiente.
La reacción de Garamendi estuvo lejos de ser comprensiva, sobre todo con Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana. El 12 de mayo, Garamendi comentó que “igual a un catalán no le gusta, pero este vasco dijo no a los ERTE”. El independentismo catalán se puso ufano con la salida de tono del presidente de la CEOE, que levantó ampollas en ciertos círculos empresariales, aunque la cosa no fue a mayores. En Foment tenían claro que “la situación es tan grave que no merece la pena entrar en estas cuestiones. Ahora toca unidad”, sentenciaron.
No ha pasado un mes desde el gran acuerdo de los ERTE, y Garamendi ya se la está envainando. Ahora el presidente de la CEOE quiere que los expedientes se prorroguen hasta el 30 de diciembre y el Gobierno se abre a negociar su prolongación --al menos en algunos sectores--. Justo la propuesta que se alzaban los detractores a aquel acuerdo inicial entre Ejecutivo y patronal nacional. Fueron insultados en privado y en público y, ahora, Garamendi reconoce su error --aunque sea con la boca pequeña a pesar del gran bandazo dado--.