El consejero delegado de ASISA, Enrique de Porres, dijo el pasado 5 de mayo que “sabemos que va a haber un encarecimiento que va desde un 30% hasta un 200% del precio de los actos sanitarios”. A pesar de reconocer esta situación, el sector asegurador se niega a renegociar los contratos con los centros privados, según denuncia la patronal sanitaria ACES, que representa a 239 empresas del sector con más de 20.000 sanitarios. En Cataluña, 2.314.008 personas (31,08% de la población) disponen de un seguro de salud privada.

La patronal reclama una renegociación de las tarifas con las aseguradoras para mantener la “calidad exigible en los servicios médicos y quirúrgicos”. La situación se agrava en las pymes sanitarias, que empiezan “a tener serios problemas de viabilidad” porque tienen que “costear bajo su responsabilidad los (EPI), la contratación de más profesionales para atender el coronavirus, el mayor coste salarial o profesional por la necesidad de aumentar turnos de trabajo, la adopción de medidas extraordinarias para mantener las correspondientes medidas de higiene, sanidad y seguridad”.

ACES reclama una renegociación urgente de las tarifas para garantizar el retorno del postCovid-19 a los enfermos que vuelven a acudir a los centros sanitarios y advierte de que si se mantienen los actuales precios “nadie podrá trabajar a pérdidas demasiado tiempo”, lo que puede acarrear un grave perjuicio a los más de dos millones de ciudadanos con seguro privado.

La patronal sanitaria apela a la fuerza mayor que ha representado la pandemia para modificar las condiciones contractuales por “el riesgo extraordinario no previsible ni imputable a quién padece las consecuencias”, por lo que “esta realidad no puede ser considerada por nadie como una estrategia para ganar márgenes”, o lo que es lo mismo, intentar hacer negocio con el Covid19.

La patronal sanitaria urge a una renegociación inmediata para no retrasar los tratamientos que durante la crisis del Covid quedaron postergados, y avisa que con los precios actuales “el sector sólo podría trabajar con los pacientes totalmente privados”, o sea, los que lo pagan de su propio bolsillo por lo que miles de pacientes podrían verse afectados y desatendidos e insta a las aseguradoras “a buscar entre todos una solución”.