El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el tándem Ada Colau / Gerardo Pisarello, no ceja en su particular cruzada antihotelera. Primero dictó la prohibición tajante de abrir nuevos establecimientos. Después, la exigencia de que si se ejecutan obras en los que ya están funcionando, por pequeñas que sean, habrán de reducir el número de habitaciones. Con ello los condena a una lenta consunción. Ahora les acaba de propinar una subida del catastro escandalosa, que tiene directa repercusión en el IBI.
Despachos fiscalistas de la ciudad condal subrayan que Colau ha incrementado los valores catastrales de forma desmesurada. Las alzas llegan, en algunos casos, al 400% y el 500%. Lo curioso es que estos arbitrarios aumentos no guardan relación con la correspondiente subida del IBI, que parece casi testimonial.
Ocurre que la crecida del IBI se aplica de forma escalonada en el curso de los próximos años. Así, el impacto en el IBI de 2018 semeja bastante módico. La comunicación cursada a los contribuyentes se limita a transcribir el importe anterior y el que regirá el año que viene. Oculta cuidadosamente que se trata de una primera subida, a la que seguirán otras tantas en los nueve años venideros.
Semejante dosificación es un mero truco. Pretende evitar que los propietarios pongan el grito en el cielo y se vayan acostumbrando poco a poco el formidable leñazo fiscal que se les ha propinado.
Los fiscalistas consultados también destacan la arremetida del ayuntamiento contra las mejores zonas comerciales de la ciudad. Colau se ha ensañado especialmente con los locales de paseo de Gràcia y sus aledaños. Ha dispensado a los propietarios unos atornillamientos que llegan hasta un increíble 800% del catastro. Este incalificable abuso sobreviene justo ahora, tras la larga crisis de 8 años que ha padecido el sector inmobiliario.