Los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local están que trinan después de los hayan situado en el ojo del huracán del referéndum independentista del 1-O. Ayer se reunió la junta general del consejo que agrupa a estos profesionales –Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Admistración Local (CSITAL)-- para marcar su posición, y lo hizo de una forma meridianamente clara. La dirección del CSITAL de Cataluña afirma que los profesionales actuarán respetando su código ético en “la defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad, y de imparcialidad política”.
Por si con esta posición no fuera suficiente, el pronunciamiento incluye un párrafo de este Código Ético: “El funcionariado de la Administración local con habilitación de carácter estatal tiene que actuar de acuerdo con las leyes, los reglamentos y las normas y las instrucciones que sean aplicables en el cumplimiento de sus deberes y en cualquier caso, tiene que permanecer siempre fiel al espíritu del texto de la Constitución española, a la normativa autonómica y europea”. O sea, que no cuenten con ellos para saltarse la ley.