El matrimonio formado por Manuel Torreblanca y Liliana Godia pasa por ser uno de los miembros más destacados de la jet-set barcelonesa, hasta el punto de que según dicen en su entorno de amistades la pareja lleva un ritmo de vida que requiere cinco millones de euros anuales, en el que se incluye el uso de aviones privados, helicópteros y otras pompas más propias de un jeque árabe.
Sin embargo, de vez en cuando los ricos también pasan apuros, aunque sea de forma circunstancial. En su caso, el aprieto económico se produjo el año pasado, cuando Torreblanca pactó con la fiscalía dos años de cárcel, que le evitaron su entrada en prisión al carecer de antecedentes penales.
Reconoció siete delitos fiscales, asumió toda la culpa y libró de la condena a su esposa. Además, la pareja hubo de pagar a Hacienda casi seis millones de euros. Una derivada de este embrollo fue que, para cortar gastos, Liliana hubo de ordenar el cierre intempestivo de la Fundación Godia, que tenía abierta en la Casa Garriga-Nogués de Diputació/Rambla de Catalunya, en honor a su padre, Francisco Godia Sales. Hoy esos locales los ocupa la Fundación Mapfre.
Expulsado del consejo
Otra derivada de la condena fue la fulminante salida de Manuel Torreblanca del consejo de administración de Abertis, en el que representaba los intereses de su mujer y su cuñada Carmen Godia.
Liliana tiene acciones del grupo de infraestructuras por valor de 230 millones. Su hermana Carmen posee algo más, 254 millones. Inicialmente, los paquetes de ambas eran similares, pero las necesidades económicas de Liliana han reducido su lote de Abertis.
El abandono del consejo de Abertis por parte de Torreblanca se vistió pulcramente como un cese voluntario. Se dijo que se marchaba para “facilitar la reestructuración del órgano de gestión”, pero se omitió que los tribunales acababan de sentenciarlo como a un vulgar delincuente.