El bufete Osborne Clarke, de abogados y economistas, tiene en Grifols una especie de gallina de los huevos de oro. Ello es así hasta el punto de que este laboratorio catalán se ha convertido en su principal cliente. Los servicios que Osborne Clarke presta al gigante mundial de los derivados del plasma sanguíneo abarcan todo el abanico legal y fiscal.
Osborne Clarke guarda en la manga una baza inigualable para mantener a Grifols como máximo cliente. Ocurre, sencillamente, que uno de sus socios es el letrado Tomás Dagá Gelabert.
Dagá está a ambos lados de la barrera pues, además de socio de Osborne, es miembro del consejo de administración de Grifols desde hace dieciséis años. Por si fuera poco, Dagá es socio de Scranton Enterprises, sociedad holandesa que ocupa el segundo puesto en el rango de los mayores accionistas de Grifols, con un 8,55%. Su paquete de títulos vale en bolsa cerca de 700 millones de euros. Además, Scranton realiza abundantes negocios con la propia Grifols. Sin ir más lejos, el año pasado le compró inmovilizado material por valor de 275 millones; a su vez, le vendió activos por 12 millones; y por último, le arrendó determinados bienes por valor de casi 5 millones.
Dada su doble condición de cliente y accionista de Grifols, la compañía no lo ha tenido fácil a la hora de asignar a Dagá una categoría determinada como miembro de su consejo de administración. No ocupa plaza en calidad de ejecutivo, ni tampoco como dominical o propietario, ni siquiera como consejero externo independiente. Se le ha encuadrado en el casillero de "otros consejeros externos", una especie de cajón de sastre donde todo tiene cabida.