Las relaciones entre UGT y el Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Ada Colau no pasan por un buen momento. Pepe Àlvarez, el secretario general de UGT de Cataluña y aspirante a sustituir a Cándido Méndez, ha lanzado un dardo envenenado a la alcaldesa en el comité nacional del sindicato.
La reunión del máximo órgano entre congresos del sindicato ha criticado al Gobierno de la Generalitat pidiéndole más compromisos con los trabajadores mayores de 55 años que han sido expulsados del mercado de trabajo y exigiendo más medidas contra la pobreza, y ha solicitado al nuevo Gobierno de España cambios en la legislación.
Las peticiones han sido genéricas para ambos ejecutivos, sin entrar en harina. A Colau no. En la resolución aprobada, la UGT catalana insta al consistorio barcelonés, "ciudad con solvencia económica, la instauración de un salario mínimo de ciudad de 1.000 euros, que reparta la riqueza entre los trabajadores".
Para el sindicato, el Ayuntamiento "como motor económico tiene la capacidad de generar estas sinergias a partir de políticas propias, así como el fomento de esta iniciativa en las diferentes empresas que gestionan diferentes servicios en la ciudad".
La resolución ugetista habla, con un lenguaje muy combativo y habitual en la izquierda independentista, de que estamos en "tiempo de lucha y de conflicto. Tiempo de lucha por nuestros derechos y libertades". O sea, Àlvarez pasa por la izquierda a Colau pero trata bien a Puigdemont.