Los sectores ecologistas están presionando al gobierno para que apruebe la regulación del autoconsumo eléctrico y critican con dureza la implantación de un “impuesto al sol”, que no es más que el hecho de que los autoconsumidores que sigan conectados a la red deberán pagar por los servicios que reciban del sistema.
El debate, más allá de autoconsumo “sí” o “no”, es acerca de cómo desarrollarlo para que unos usuarios, generalmente de menos recursos, no acaben subvencionando a quienes tienen el espacio y el dinero suficiente para optar por esta modalidad. Una instalación dimensionada para un consumidor familiar, de 5 kW, tiene un coste aproximado de 10.000 euros y sólo es posible en viviendas que puedan instalar paneles solares. O sea, las viviendas unifamiliares serán las únicas que podrán acogerse al autoconsumo. Los bloques, no.
Sin una regulación adecuada puede darse la paradoja de que los usuarios con menos recursos subvencionen a aquellos con espacio y capacidad económica para autoconsumir. Con la propuesta de Real Decreto que hay sobre la mesa, el impacto del autoconsumo sobre la tarifa será acotado (incremento del recibo del 2% en un caso extremo de penetración del 10% de la autoproducción), según un estudio elaborado por la consultora The Boston Consulting Group (BCG). El estudio de BCG remarca que si la regulación se relaja y a los autoconsumidores se les exime de pagar más costes del sistema, la factura de los usuarios sin autoconsumo de disparará entre un 3% y un 6,3% en el mismo escenario de penetración del 10%. Lógicamente, cuanto mayor es el incentivo, mayor es la probabilidad de que se alcance ese 10% de penetración.