Florentino Pérez ha tirado de contactos para ahorrarse problemas. La gran cantidad de muertes por el coronavirus en residencias de Madrid provocó que la agrupación de familiares de las víctimas Marea de Residencias pusiera una serie de querellas a varias residencias por “homicidio por imprudencia”.
Según informó este sábado Público, la querella acusaba a cinco empresas y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cuatro de los cinco grupos siguen en el proceso: Domus Vi, Aralia Servicios, Vitalia y Orpea. Solamente se salva Clece Mayores, propiedad del empresario y presidente del Real Madrid Florentino Pérez. Tampoco aparece en los documentos de la Fiscalía General del Estado.
La comida de la polémica
Hace pocas semanas, antes de que el presidente blanco diera positivo por coronavirus, comieron el empresario, Dolores Delgado, Fiscal General del Estado; el exjuez Baltasar Garzón y el periodista Antonio García Ferreras. La ausencia de Clece Mayores en los procedimientos judiciales ha desatado muchas sospechas y críticas entre los representantes de la Marea de Residencias. Los abogados de la acusación no descartan que Florentino Pérez aprovechara la ocasión para “negociar su arrepentimiento”.
Florentino Pérez, en una imagen de archivo | EFE
Florentino Pérez, en una imagen de archivo | EFE
Clece Mayores, filial de ACS, gestiona 145 residencias de mayores y 92 centros de día que atienden 17.000 ancianos. Es uno de los mayores grupos de España y el único que no se ha visto afectado por la demanda. Sí que se les han abierto diligencias a Domus Vi, Aralia Servicios, Vitalia y Orpea.
En 2019 se le acusó de falta de material y otras carencias del centro. Un año más tarde, la Comunidad de Madrid fallaba de “no prestar la adecuada atención en alimentación, higiene, descanso y aseo personal de los usuarios, así como interponerles un horario totalmente inadecuado con los estándares de la vida socialmente admitidos”.
Clece Mayores pide recursos
A todo esto, a parte de ahorrarse la querella, Clece Mayores interpuso un recurso contencioso administrativo contra las administraciones públicas propietarias de centros de mayores. Reclaman más dinero para compensar los costes provocados por el coronavirus en las residencias. Defienden que estos sobrecostes rompen el equilibrio financiero de los contratos de concesión.