El 'caso Griezmann' inspira al Atlético para impedir el fichaje de Julián Álvarez por el Barça: demanda a la vista

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid dan inicio a una nueva batalla. Joan Laporta quiere llevarse a Julián Álvarez y Enrique Cerezo, que no da brazo a torcer, obstaculizará las negociaciones lo máximo que pueda. Desde su punto de vista, el contrato que vincula La Araña al club rojiblanco hasta 2030 impide cualquier tipo de acercamiento del Barça con el jugador, y, de hecho, el Atlético presentará una demanda a la FIFA. Dicha posibilidad puede parecer una novedad, pero la realidad es que existe un precedente muy obvio: el caso Griezmann.

"Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", explica Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club colchonero, en una entrevista con EFE. El caso es casi un calco de lo que pasó con el fichaje de Antoine Griezmann.

Griezmann siente el precedente

El suceso estalló en diciembre de 2017, cuando El Principito aún era futbolista del Atlético de Madrid. Ese mes, el club rojiblanco decidió denunciar al Barça ante la FIFA al considerar que la entidad azulgrana, presidida en aquel momento por Josep Maria Bartomeu, había mantenido contactos irregulares con Antoine Griezmann mientras el delantero francés seguía vinculado contractualmente con ellos. La operación acabó derivando en una larga batalla jurídica y mediática.

Desde el Atlético sostenían que el FC Barcelona había establecido conversaciones reiteradas tanto con el futbolista como con su entorno sin la autorización previa del club madrileño, requisito exigido por la normativa cuando un jugador mantiene contrato en vigor. Además, Cerezo argumentó que estas maniobras podían afectar a la integridad de la competición, dado que ambos clubes eran rivales directos en la Liga y en otras competiciones nacionales.

La RFEF ignora al Atlético

Pese a la denuncia inicial ante la FIFA y a las posteriores actuaciones impulsadas por el club colchonero, el fichaje acabó produciéndose en el verano de 2019. El Barça abonó la cláusula de rescisión de 120 millones de euros para incorporar Griezmann. ¿Caso cerrado? Ni mucho menos. Lejos de cerrarse, la polémica se intensificó.

El Atlético defendió que el acuerdo entre el jugador y el FC Barcelona se había alcanzado meses antes, cuando la cláusula todavía ascendía a 200 millones de euros, motivo por el que consideraba que había sufrido un perjuicio económico significativo y pidió el pago de los 80 millones restantes.

La investigación pasó entonces al ámbito federativo español. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) analizó la documentación aportada por las partes para determinar si existían infracciones reglamentarias y acabó concluyendo que no había pruebas suficientes para acreditar lo que el Atlético denunciaba.

Pacto de caballeros

No obstante, la RFEF sí entendió que el Barcelona había mantenido conversaciones con el jugador sin comunicarlo previamente por escrito al Atlético de Madrid, pero calificó los hechos como una infracción leve y decidió imponer una multa de apenas 300 euros. Dicha multa provocó la insatisfacción tanto del Atlético como del propio FC Barcelona, que recurrieron la decisión por motivos diferentes.

Cuando parecía que el litigio continuaría durante meses, ambos clubes sorprendieron alcanzando un acuerdo extrajudicial en octubre de 2019. El FC Barcelona aceptó abonar 15 millones de euros al Atlético de Madrid bajo la fórmula oficial de una compensación vinculada a determinados derechos federativos y preferencias futuras sobre varios futbolistas rojiblancos. El pacto permitió rebajar notablemente la tensión institucional entre ambas entidades y cerrar un conflicto que amenazaba con prolongarse en los tribunales.

Los supuestos correos electrónicos

Sin embargo, aquel acuerdo estuvo rodeado de una intensa controversia. Diversas informaciones publicadas entonces señalaron que el Atlético disponía de correos electrónicos que supuestamente acreditaban negociaciones avanzadas entre el entorno de Griezmann y el club culé en fechas incompatibles con la normativa vigente. Según esas versiones, el pago de los 15 millones habría servido, además de para sellar la paz entre los clubes, para evitar que dichos mensajes vieran la luz pública.

El Barça siempre defendió que la cantidad respondía exclusivamente al acuerdo de derechos preferenciales sobre jugadores del Atlético, mientras que los correos nunca llegaron a hacerse públicos. De este modo, el caso Griezmann terminó cerrándose con una sanción federativa mínima y un acuerdo económico que, años después, continúa alimentando el debate sobre lo que realmente ocurrió durante una de las operaciones más polémicas del fútbol español reciente.