Joan Laporta junto a Jordi Finestres (izquierda) y Enric Masip (derecha) EFE
La Audiencia Nacional tumba la denuncia contra Laporta: el juez Santiago Pedraz no la admite a trámite
El expresidente del Barcelona lo tiene todo a su favor en las elecciones a la presidencia del Barça tras la resolución de la justicia
Noticias relacionadas
Joan Laporta, expresidente del Barça y máximo favorito para ganar las elecciones del 15 de marzo, ha recibido la mejor noticia desde que comenzó la campaña. El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Santiago Pedraz, ha inadmitido la denuncia de un particular contra él y varios miembros de su junta directiva por delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal en relación con varias operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero.
En su exposición, el magistrado sostiene en un auto que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos que figuran en la denuncia. El Tribunal Supremo argumenta que para conocer losdelitos cometidos en el extranjero, según las competencias de la Audiencia Nacional, es necesario que el delito se cometa "en su integridad en el extranjero".
El juez Pedraz
El juez Pedraz añade que los delitos continuados o permanentes o complejos que en parte han sido cometidos en España y en parte en el extranjero, deben ser enjuiciados por el órgano judicial del territorio español competente, en el que “aunque no totalmente, hayan sido perpetrados”.
El socio denunciante entiendía que en la operativa se apreciaba "ánimo de ocultación", con la utilización de "sociedades pantalla" y "secreto en la identidad de inversores". Esta situación, reseñaba, habría originado un supuesto "perjuicio potencial para el club" en beneficio de los gestores "implicados" en esa presunta red formada por empresas españolas y otras radicadas en el extranjero.
Los presuntos delitos
El primer delito que concretaba la denuncia es el de blanqueo de capitales. En la misma se hablaba de "fondos obtenidos demanera opaca" que se habrían introducido en el circuito económico legal mediante sociedades interpuestas". Los otros cuatro delitos que se recogían son los de fraude fiscal, administración desleal, organización criminal y falsedad en documento mercantil.
New Era Visionary Group, operador de telecomunicaciones del Barça desde noviembre de 2024 FCB
La denuncia también recogía que, de concretarse los indicios de que Laporta o personas de su entorno "dirigieron comisiones ilícitas en contratos del Barça hacia cuentas" de sociedades chipriotas (Vestigia y Hellgas) y luego hacia New Era Visionary para "reingresarlas" en el club, "estaríamos ante un blanqueo de capitales".
La denuncia
El denunciante citaba el uso de paraísos fiscales o jurisdicciones de baja transparencia impositiva, alegando que denotaba "voluntad de ocultacion sofisticada", el presunto empleo de "testaferros" profesionales y el de "corporaciones pantalla". La denuncia también apuntaba un delito de administración desleal.
La denuncia detallaba un entramado de sociedades ubicadas en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia, calificada como una "estructura" de "cobros de comisiones indebidas" que se pagaban en "jurisdicciones opacas". Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de "negocios aparentemente legítimos".
Laporta y los otros implicados
La denuncia no solo afectaba a Laporta. Entre los denunciados estaban personas muy próximas al abogado barcelonés como Rafa Yuste, presidente en funciones del Barça hasta el 30 de junio. También afecta a Maria Elena Fort, exvicepresidente institucional y responsable de la gestión del Epai Barça; Eduard Romeu, exvicepresidente económico; Ferran Olivé, tesorero; y Josep Cubells, secretario de la junta directiva.
Xavi Puig, Joan Laporta y Rafa Yuste, en un fotomontaje con el Restaurant Coure de fondo COURERESTAURANT
La denuncia también implicaba a ejecutivos del Barça como Manel del Rio, director financiero; Sergi Atienza, jefe del departamento de compliance, y Pere Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos. En la misma también se incluía a Xavier Laporta Estruch, hermano del expresidente del Barcelona.