Jaume Llopis, antiguo miembro de la comisión del Espai Barça que dimitió por discrepancias con la actual junta directiva que preside Joan Laporta, ha enviado dos burofaxs al club tras no recibir ninguna respuesta a la petición de la documentación del acuerdo de financiación sobre dicho proyecto. Llopis, una de las voces más críticas contra la gestión del actual presidente, envió un requerimiento al Síndic del Soci i Sòcies, Joan Manuel Trayter, y a la Comisión Económica y Estratégica del Barça. Cuenta con el repaldo de 43 socios.
Llopis, en el comunicado que envió la semana pasada, aseguraba que los socios “están profundamente molestos y contrariados por las noticias recibidas en relación a la financiación del Espai Barça que ponen en peligro la economía y el futuro del club”.
Los acuerdos de la asamblea
“Como ustedes saben, entre las funciones que el artículo 58 de los Estatutos del FCB atribuye a la Comisión Económica y Estratégica, figura la de asesorar a la Junta Directiva, elaborando informes y recomendaciones sobre las materias de su competencia que estime pertinentes a la Junta Directiva por la que tendrá acceso a cualquier información económica del club que considere necesaria para desarrollar esta función, y asimismo la Junta Directiva tiene la obligación de notificar todos los informes y recomendaciones de la Comisión Económica y Estratégica que tienen carácter no vinculante”, comenzaba el comunicado de Llopis, exmiembro de la comisión del Espai Barça.
En su escrito a Trayer, Llopis añadía: “En la asamblea general celebrada el día 17, que fue suspendida y que se continuó el día 20 de octubre de 2021, los socios aprobaron un plan inequívoco de inversiones y costes para ejecutar las obras del Espai Barça en los siguientes términos: 900 millones para el futuro Camp Nou; 20 millones para el estadio Johann Cruyff; 60 millones para la modificación del Plan General Metropolitano; 100 millones para la urbanización del entorno y el Campus Barça (Museo,Hotel, Centro de Convenciones, Megastore, ...); y, 420 millones por el nuevo Palau Blaugrana”.
Goldman Sachs y JP Morgan
Una vez expuestos los acuerdos aprobados por los socios compromisarios, Llopis relataba que la actual junta directiva "ha anunciado la formalización de una operación de financiación liderada por Goldman Sachs y JP Morgan por la obtención de 1.450 millones de euros destinados a la ejecución del proyecto del Espai Barça, según información pública, el importe de 1.071 millones serán destinados a la obra del Camp Nou, otros 200 millones tienen como destino atender contingencias como imprevistos, garantías, retrasos, alteración constructiva y cualquier otra situación que ponga en riesgo la obra; y, los restantes 179 millones tienen como finalidad atender a los costes financieros del crédito".
"La operación de financiación, Camp Nou aparte, no incluye otras obras que integran el Proyecto del Espai Barça. A la vista de esta información pública, que ya avanzamos que contradice e incumple el acuerdo y mandato adoptado en Asamblea General, que se ha descrito antes, nos dirigimos a ustedes para solicitarles el Informe y Recomendaciones elaborados por esta Comisión de la operación de financiación del Espai Barça, en relación al alcance, idoneidad y repercusiones económicas que la misma tendrá sobre la marcha, funcionamiento e, incluso, sobre la propiedad del Club, que estatutariamente han tenido que entregar ex art. 58º estatutos en la Junta Directiva del Club", recalcaba.
La asamblea de octubre de 2021
Llopis, asimismo, acusaba a la actual junta directiva de incumplir el acuerdo de la asamblea general de octubre de 2021, de alterar los balances futuros con una política económica opaca y una afectación del modelo de propiedad del club. Hace un año, en una entrevista concedida a Culemanía, Llopis ya manifestó que "el modelo de gobernanza del Barça es enfermizo".
Eduard Romeu, vicepresidente del Barça, detalló que el coste total del Espai Barça, una vez pagados todos los intereses, ascenderá a 2.820 millones de euros. En su comparecencia para explicar la financiación del proyecto, no obstante, Romeu aseguró que la actual junta directiva no había cruzado "ninguna línea roja" ni influirá en el actual modelo de propiedad de la entidad.