El FC Barcelona ha empezado una nueva lucha judicial contra la Liga. La entidad culé decidió demandar a la patronal del fútbol español, debido a que consideran que están en una posición de desventaja ante los equipos que firmaron el acuerdo con CVC, sobre todo por el incremento de un 15% de la masa salarial. Desde la directiva han querido dar explicaciones acerca de esta situación.
Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del Barça, que la demanda “un tema de competencia para tener más Fair Play”. El directivo explica que la entidad debería contar con ese mismo beneficio que los clubes que firmaron el mencionado pacto: “Si tuviéramos el 15 por ciento de los 600 millones de Sixth Street, tendríamos 90 millones para poder fichar. Es así”.
Hay que recordar que ese acuerdo con Sixth Street está relacionado a la venta del 25% de los derechos televisivos de la Liga. La operación se realizó en dos partes, reportando en las cuentas del club un ingreso superior a los 600 millones de euros que detalla Rafa Yuste. Desde el Barça consideran que, para mantener un trato equitativo, la Liga debería permitir que el aumento de un 15% en el límite salarial.
La demanda del Barça
Del mismo modo, el vicepresidente de la entidad añadió que la intención es llevar el caso hasta la justicia para revertir dicha situación lo antes posible. “Vamos de defender nuestros intereses. Entendemos los derechos de competencia en el club. En este caso ataña al Fair Play, que tienen el resto de equipos y nosotros no. Queremos tener Fair Play para tener incluso una plantilla mejor”, declaró.
El Barça cambia su hoja de ruta judicial y se dirige al mercantil para denunciar que no puede competir en igualdad de condiciones con los otros 38 clubes de la Liga de Fútbol Profesional que en agosto de 2021 firmaron el acuerdo con CVC. Los otros tres que se negaron a apoyar el proyecto fueron el Real Madrid, el Athletic Club y el Ibiza. Este acuerdo, por el que la patronal cedió el 10,95% de su negocio a cambio de 1.994 millones de euros, permitió crear La Liga Impulso, que contempla que el 70% de los fondos recibidos por los clubes cada temporada deben invertirse en infraestructuras. Otro 15% ha de emplearse para enjugar la deuda financiera, mientras que el 15% restante está destinado para ampliar el límite salarial de sus respectivas plantillas deportivas.