El fondo de inversión brasileño DIS ha rebajado la petición de penas en el caso Neymar 2. El abogado de la acusación, Emilio Martínez, ha solicitado en sus conclusiones finales tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Barcelona que las condenas impuestas al futbolista, su padre, Neymar da Silva senior, y los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, sean inferiores a las que se pidieron en el escrito de acusación. Una forma de aceptar su derrota tácitamente, como ya informó Culemanía que iba a ocurrir a medida que se fueron practicando las pruebas del juicio.
DIS, que se había quedado solo como acusación después de que la Fiscalía retirara el pasado viernes todas los cargos contra los acusados al no ver indicios de delito en el traspaso del jugador del Santos al Barça, solicitaba inicialmente cinco años de cárcel, como mínimo, para todos ellos. Pero en sus informes finales ha rebajado ligeramente las penas y ha pedido a la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona que condene a Neymar con 2,6 años de prisión, a su padre con 4 años de prisión, a Rosell con otros 4 años de prisión y a Bartomeu con 2,6 años de prisión.
Carne de archivo
Por otra parte, ha retirado la acusación contra Nadine Gonçalves, la madre de Neymar y que administra junto a su marido N&N Consultoria Esportiva, la agencia de representación del futbolista, y ha pedido que subsidiariamente se condene con dos años de prisión al exdirigente del Santos Odilio Rodrigues. Por otra parte, solicita penas de multa de 57,48 millones de euros para el FC Barcelona y N&N, y subsidiariamente otra multa por la misma cantidad para el Santos FC.
En el caso Neymar 2, se juzga el fichaje del astro brasileño por el que el Barça pagó a N&N Consultoria Esportiva la cantidad de 40 millones por diversos conceptos entre 2011 y 2013. Y al Santos, otros 25 millones: 17,1 por el traspaso y 7,9 por la opción preferencial que jamás ejerció sobre tres jóvenes promesas del equipo brasileño, así como dos amistosos del que solo se jugó uno.
Sin embargo, el fondo de inversión brasileño DIS, que ejerce la acusación particular, solo percibió 6,8 millones por toda la operación pese a tener un 40% de los derechos económicos del delantero. Al sentirse estafado, puso en marcha una reclamación que, según se ha desprendido del juicio, debió ser por vía civil y nunca penal, por la que acusaba a los ya citados acusados de la comisión de dos delitos: estafa y corrupción en los negocios. Todo hace pensar que los acusados serán absueltos y el caso archivado.