El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sale de la sartén para caer en las brasas. Días después de saltar el escándalo por el pago de orgías con dinero de la RFEF, el dirigente vuelve al ojo del huracán. En esta ocasión, el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha enviado a la Fiscalía la denuncia presentada por el mismo Rubiales y varios colaboradores contra el diario El Confidencial. El mandamás de la Federación se ha querellado por la publicación de los Supercopa Files, una investigación periodística sobre supuestas comisiones a Gerard Piqué por la Supercopa en Arabia Saudí, entre otros temas.
Sin embargo, la querella se le ha vuelto en contra al propio Rubiales, envuelto en varios escándalos investigados por dicho medio como el pago de unas vacaciones en Nueva York del presidente de la RFEF con fondos del organismo, y la contratación de un detective privado con tal de espiar a su homólogo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo.
Delito de estafa procesal
Por su parte, la RFEF echa balones fuera y se auspicia en la supuesta filtración de estos documentos por parte de El Confidencial mediante el hackeo del teléfono móvil de Rubiales. Es más, el organismo futbolístico solicitó dos veces a la jueza instructora del caso, Carolina González la incautación de los Supercopa Files y la prohibición de nuevas noticias referentes al caso. No obstante, Carolina rechazó la imposición de medidas cautelares por partida doble al estimar que las informaciones hacían referencia a hechos "de interés general y de dudosa legalidad".
Sin embargo, la jueza no considera que haya indicio alguno de hackeo a Rubiales, ni la implicación de ningún periodista en dicha práctica. Por contra, Rubiales sí que pudo incurrir en un delito de estafa procesal al querellarse simultáneamente por dos vías penales distintas. Ya existía una primera denuncia por sospechas contra terceras personas sobre un supuesto hackeo. Por ende, la juez ordenó la deducción de testimonio de las actuaciones y el pertinente traslado al Ministerio Fiscal para verificar si el presidente de la RFEF y sus colaboradores incurrieron en un delito de estafa procesal. El caso está pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía. En caso de detectar un delito, las penas por estafa procesal oscilan entre los 6 y los 12 meses.
Varios frentes abiertos
Para más inri, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda también abrió diligencias contra Rubiales en el marco de la Supercopa de Arabia Saudí. Los peritos investigarán si el jugador del Barça, Gerard Piqué, ha recibido comisiones ilgales por la disputa del torneo en Arabia Saudí. Este supuesto implicaría el uso fraudulento de fondos de la RFEF por parte de su presidente, del mismo modo que se presupone en el pago de varias orgías, y de un viaje a Nueva York, con dinero del organismo.
La instructora del caso que estalló tras los audios filtrados con Piqué, Delia Rodrigo, todavía espera los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Tributaria, para tomar nuevas medidas.