No es oro todo lo que reluce. Y en el mundo del fútbol, aún menos. Los hilos de cualquier movimiento o decisión importante se mueven entre bambalinas, a veces por agentes poco conocidos que suelen pasar desapercibidos. La historia que relata el fichaje de Antoine Griezmann por el FC Barcelona, cuyos fragmentos hemos ido contando en Culemanía y que ahora El Mundo ha conectado, con alguna que otra inexactitud, es un ejemplo más de la gran influencia que tienen los intermediarios en el mercado de fichajes, así como de las consecuencias negativas que puede tener actuar fuera de la legalidad.
En una rueda imparable que poco tiene que envidiar al argumento de Breaking Bad, la llegada de Griezmann al Barça empezó como una petición del propio futbolista y acabó complicándose hasta el punto de enfrentar institucionalmente a dos de los clubes más importantes de España. Corría el verano de 2018 cuando José Ángel González Franco, abogado penalista que prestó en situaciones puntuales sus servicios al Barcelona de manera externa (como en el procedimiento del caso Neymar) logró llegar a un acuerdo con Antoine Griezmann. La relación entre ellos, al contrario de lo que desvela El Mundo, había comenzado de forma casual, al conocerse durante unas vacaciones familiares en Turks and Caicos, al suroeste de las Bahamas, justo después del Mundial de Rusia 2018 que ganó Francia. De ahí surgió su posterior relación, tanto de amistad como a nivel profesional.
"José ha subrayado desde el principio que cuenta con un compromiso por escrito con Antoine para pagarle una comisión del 5% del sueldo bruto y de todas las primas durante la duración inicial del contrato y todas las futuras prórrogas. Eso supone que no son sólo 7 millones de euros sobre la base de los 140 millones, sino también potencialmente 2,5 millones sobre los bonus y un 5% sobre las futuras prolongaciones eventuales". Este fue el acuerdo al que llegó al parecer González Franco con Griezmann, y que explica a través de un correo electrónico Sevan Karian, abogado principal de Griezmann.
E-mails peligrosos
El mensaje fue enviado a Óscar Grau, antiguo CEO del Barcelona, el 18 de junio de 2018. Por aquel entonces el futbolista francés estaba cansado de no conquistar títulos importantes con el Atlético de Madrid, y quiso dar el paso de fichar por el Barça. La voluntad de querer irse cuanto antes, unida a su amistad con González Franco, le llevó a intentar buscar atajos al margen del club rojiblanco. El abogado catalán, por su lado, vio la posibilidad de intentar una tentadora operación y llevarse tajada por ello.
Griezmann y Bartomeu en una imagen de archivo / EFE
En ese momento la cláusula de Grizi en el Atlético era de 140 millones de euros. El 5% son siete, más 2,5 en variables. González Franco logró que Griezmann firmase un papel con las cifras que se llevaría por mediar en la operación, y el entorno de Griezmann estalló. Lo formaban Karian (el citado abogado de Griezmann), Maud Griezmann, hermana y asesora del futbolista, y el agente Serge Kotchounian. Ellos creían que González Franco era un oportunista, aunque ellos también tenían comisiones comprometidas en la operación. De ahí que, en vez de repartir dinero con González Franco, quisieran que fuese el Barça el encargado de pagar esas comisiones aparte.
Kotchounian, el agente que traicionó a Griezmann
La cuestión es que todas esas comisiones quedaron congeladas cuando Griezmann, en un plot-twist inesperado, tomó la famosa Decisión de echar marcha atrás y quedarse en el Atlético de Madrid. Eso sí, con la condición de que su cláusula de rescisión, que ascendía a 200 millones, se redujera a 120 a partir del 30 de junio de 2019, dando así más facilidades a una posible salida. La cuestión es que la operación se acabó fraguando un año después, en 2019.
Y la junta directiva de Joan Laporta, como anunció en el forensic de la semana pasada, ha presentado ante la Fiscalía de Barcelona una denuncia al sugerir que González Franco, dada su relación profesional con el Barcelona, podría haber sido en realidad un testaferro de personas de la cúpula del club, aunque no tenga pruebas para demostrarlo: "Queda desdibujado en nombre de qué interés y parte está interviniendo González Franco", se dice en la denuncia del entorno laportista, señalando que "no tiene la certeza del cobro efectivo ni la verdadera causa" de la misma, y solicitando a la Fiscalía que lo investigue para llegar al fondo de la cuestión.
Joan Laporta, presidente del Barça, durante la presentación del forensic / EFE
El caso es que, pese a que el fichaje de Griezmann se acabó fraguando en 2019, los primeros contactos entre el entorno del jugador y el Barça de Bartomeu empezaron mucho antes, en noviembre de 2017. Ahí fue cuando Maud Griezmann escribió personalmente al antiguo CEO del Barça, Óscar Grau. Y lo hizo a través de otro intermediario: Kotchounian. En su denuncia a la Fiscalía, el Barcelona recuerda que Kotchounian es un "agente comercial conocido por colaborar con entrenadores de alto nivel como Arséne Wenger o Zinedine Zidane". En ese primer correo, el agente trasladó el interés de Griezmann por fichar por el Barça, en voz de su hermana Maud.
Después de meses de contactos, mails cruzados, alguna que otra reunión especial, la oferta definitiva del Barça a Griezmann quedó pactada entre las dos partes, que llegaron a un acuerdo. El Barça de Bartomeu habría actuado entonces en contra de la normativa FIFA, dado que no fue hasta el mes de abril cuando el Barça decidió contactar oficialmente con el Atlético para trasladar su interés por el futbolista. Ahí llegó la sorpresa: el consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, ya tenía conocimiento de la traición de Griezmann y su affaire con el Barça.
Traición a dos bandas
Respondió a Grau reprochándole la "deplorable" actitud que habían mantenido todos los implicados al actuar a espaldas del Atlético, al tiempo que Grau contestó a Gil Marín negando cualquier tipo de contacto. Puede que fuese en vista de todo el revuelo que se montó y de la amenaza de guerra institucional entre ambos clubes. La cuestión es que Griezmann echó marcha atrás en junio de 2018 y se quedó una temporada más en el Wanda Metropolitano. En marzo de 2019, no obstante, volvió a cambiar de parecer y agilizó la operación para irse al Barça al verano siguiente. Los intermediarios actualizaron todas sus condiciones y el pago de las comisiones estalló.
Bartomeu y Gil Marín, en un fotomontaje / Culemanía
La hermana de Griezmann decidió no pagar su parte a González Franco, y tampoco la comprometida a Kotchounian. Este último, en una vendetta digna de Los Soprano, puso una copia de estos correos electrónicos en poder del Atlético para que ejerciera las acciones legales oportunas contra el Barça. Al darse cuenta de lo sucedido, Karian envió a Grau un correo electrónico en junio de 2019 alertándole de que "Serge (Kotchounian) estaba en copia del mail", y que por lo tanto podía desvelar el reparto de las mordidas del fichaje entre todos los intermediarios, que ascendían en total a 14 millones. "Allí empezaron los problemas con él porque la familia no quería pagarle lo que estaba pidiendo y creo que este mail lo enseñó al Atlético", dijo también Karian a Óscar Grau en su mail.
15 millones por derechos preferenciales
Fue entonces cuando el Atlético interpuso, una vez se hizo oficial el fichaje de Griezmann por el Barça, la denuncia que presentó ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el 17 de julio de 2019, tres días después de que se hubiera hecho oficial el traspaso. Gracias a los correos de Kotchounian, el Atleti tenía "constancia fehaciente a través de diferentes elementos de prueba que aportará en el momento procesal oportuno" de que se habían producido negociaciones prohibidas entre ambas partes.
Ahí fue cuando el Barça, con la soga al cuello, mantuvo una guerra fría con el Atlético que acabó zanjándose con el conocido pago de 15 millones de euros por los presuntos derechos preferenciales de José María Giménez -5 millones-, Saúl Ñíguez -5 millones- y los canteranos Adrián Granados -1,5 millones-, Sergio Camello -1,9 millones- y Germán Valera -1,6 millones-, finalizando así el conflicto institucional. Ahora la junta de Laporta, como dijo en el forensic, cree que dicho pago de derechos preferenciales no es más que un contrato simulado que se abonó al Atlético para comprar su silencio. Sea como sea, todo ha quedado en manos de la Fiscalía. Y la junta de Bartomeu, después de todas estas revelaciones de El Mundo, buscará defenderse con todos los argumentos de que disponga. A este culebrón aún le quedan capítulos.