Joan Laporta es un estratega nato. Llegó a la presidencia del FC Barcelona con casi nada preparado y todo por construir, pero poco a poco le va dando forma a su mandato. De manera sibilina, y amparado en patentes faltas de transparencia, el nuevo presidente dirime sus diferencias con Ronald Koeman mientras le busca un recambio a marchas forzadas. La resolución inminente del ciclón Koeman, tras el comunicado oficial que suprimió la rueda de prensa del Cádiz-Barça, es el último episodio de una serie de decisiones polémicas que se van entendiendo con el paso de las semanas. Por ejemplo, y como dato revelador, ya podemos concluir que los sacrificios de Leo Messi y Antoine Griezmann servirán, entre otras cosas, para que Laporta se pueda librar de las ataduras con Jaume Roures y sus avales.   

El dueño de Mediapro prestó 30 millones de euros a la junta directiva en forma de aval bancario que, por cierto, fue pagado a tocateja. Gracias a los movimientos que el nuevo CEO, Ferrán Reverter, está llevando a cabo desde que llegó, el presidente aspira a prescindir del aval de Roures. ¿Cómo? Con una reducción sustancial del presupuesto de gastos, que pasará a ser de unos 600 millones de euros, según fuentes muy próximas a la directiva que ha consultado Culemanía. 

Nuevo aval de 90 millones (con permiso de la ley)

El Real Decreto de sociedades anónimas deportivas establece que la junta directiva deberá presentar avales por valor del 15% del presupuesto de gastos del club. Esto significa que, con la nueva cifra todavía no oficializada, Laporta y los suyos tendrán que avalar unos 90 millones de euros. Se trata de una reducción de 35 millones con respecto al aval que se presentó en el ejercicio anterior, por valor de 124,6 millones. 

El presupuesto de gastos del curso anterior ascendía a 795 millones, así que la reducción en solo un año será de casi 200 millones de euros, a falta de conocer el dato oficial del gasto computado a 30 de junio de 2021. El principal elemento que explica este fenómeno es la rebaja de la masa salarial que se ha producido por valor de 155 millones de euros. Ahí se deben contabilizar los salarios ahorrados de Leo Messi --en torno a 80 millones brutos sin variables--, Antoine Griezmann (37) y los aplazamientos salariales de los capitanes Busquets, Piqué y Alba. Pronto se oficializará también la rebaja de Sergi Roberto, además de los otros 10 jugadores que marcharon entre primer equipo y Barça B. La salida de estos, no obstante, ha sido compensada con los fichajes de Memphis, Agüero y Éric García. 

Jaume Roures, en una imagen de archivo / EFE

Curiosamente, el salario de Griezmann, que fue el último que la junta se sacó de encima sobre la bocina del mercado de fichajes, encaja bastante con la cifra que avaló Jaume Roures, quien ya había avanzado que no volvería a avalar a Laporta. Posiblemente sin la salida del francés no habría sido posible rebajar el gasto a 600 millones ni reducir los avales de 125 a 90 millones. Una cifra que, por otra parte, estará condicionada a las pérdidas de 481 millones declaradas por el club, puesto que, según el mentado Real Decreto de SAD, se tendrían que sumar a los avales presentados. Este asunto será objeto de polémica bien pronto y merece un capítulo aparte. 

Acción de responsabilidad

Por el momento, Laporta trabaja su estrategia y ya tiene marcadas en rojo las fechas clave que definirán el futuro inmediato del FC Barcelona. Al caso Koeman, que ha supuesto una leve alteración en los planes del día a día y es oficioso que se le busca recambio a toda costa, hay que añadir los dos grandes compromisos que marcarán el devenir de esta junta directiva: la presentación de la Due Diligence el próximo 6 de octubre y la asamblea de compromisarios prevista para el fin de semana del 16 y 17 de octubre, donde se presume que el nuevo presidente pueda instigar a la parroquia culé a presentar una acción de responsabilidad contra la anterior directiva.

Uno de los motivos candentes que se esconde detrás de este escabroso asunto es el tema de los avales. Una losa que Laporta quiere llevar a la asamblea de compromisarios con el objetivo de reducir los porcentajes que marca el Real Decreto de sociedades anónimas deportivas. Pero antes de conseguir rebajarlo con el apoyo de los socios, hará pública la reducción de los gastos a unos 600 millones. De esta forma, se garantizarán también la caída de unos 35 millones en la cifra final a avalar que permitirá tejer una nueva estructura de aval más indepediente, sin la presencia de Roures. También podrán subsanar los 10 millones que quedaron sin garantía.