3.500 contratos y 600.000 euros: las nuevas cifras del ‘Barçagate’

El polémico Barçagate ha vuelto a escena este lunes 7 de junio. Los protagonistas han sido los extrabajadores del FC Barcelona Román Gómez Ponti y Óscar Grau, jefe de los servicios jurídicos y director general del club, respectivamente, en el momento de la comisión de los hechos enjuiciados. Al mando de las declaraciones ha estado la jueza Alejandra Gil, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, dónde se han realizado los interrogatorios. Entre las conclusiones destacan algunas cifras: Òscar Grau firmaba en torno a 3.500 contratos anuales y la auditoría de Price Waterhouse Coopers (PWC) costó 600.000 euros.

Este último dato, en términos aproximados, lo reconoció Román Gómez Ponti durante su declaración. El exjefe de los servicios jurídicos del club, despedido por Joan Laporta al poco de tomar posesión del cargo como nuevo presidente electo, prestó declaración ante la juez durante dos horas y contestó a las preguntas de la jueza, el fiscal y todos los abogados (tres de la acusación y cinco de la defensa).

2,3 millones pagados, según Mossos

Òscar Grau, por su parte, estuvo declarando durante más de una hora. Su intervención fue más breve que la del abogado, pero también abordó los principales elementos indiciarios en relación al supuesto delito de administración desleal que se investiga. Al ser preguntado sobre los contratos troceados siempre en cuantías inferiores a 200.000 euros y por un valor total de 2.315.775 euros, según el informe de los Mossos d’Esquadra al que ha tenido acceso Culemanía, Grau declaró que él firmaba unos 3.500 contratos al año con lo que tampoco podía revisarlos todos al detalle y se fiaba del trabajo hecho previamente por cada departamento.

Òscar Grau y Josep Maria Bartomeu en una imagen de archivo / REDES

Según los atestados policiales fueron varios los ejecutivos que aceptaron estos contratos porque “venían de arriba”, aunque hubo algún empleado que no se lo tomó demasiado bien. Es el caso de Xavi Martín, también despedido recientemente por Laporta, que se opuso en un primer momento a autorizar el pago de un dinero que no sabía a qué iba dirigido.

El misterio de la caravana

Grau y Gómez Ponti, en cambio, coinciden en señalar durante sus declaraciones que I3 Ventures era una empresa de gran reputación internacional y les avalaban varios informes como especialistas en monitorización de redes. También desmienten que estuviesen domiciliados en una caravana, sino que tenían unas oficinas de lo más lujosas, y cuestionan el trabajo de los Mossos al no cerciorarse de que la imagen de esa caravana en mitad de un camino obtenida a través de Google Earth no está actualizada, sino que es anterior a la edificación de su sede.

Imagen de la caravana donde supuestamente trabajaba una de las empresas de I3 Ventures / Google

Los declarantes se ponen de acuerdo en apuntar al expresidente, Josep María Bartomeu, como principal impulsor de la idea de apostar por esta empresa. Al parecer, el origen procede de una conversación con la entonces vicepresidente del Gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que recomendó la citada agencia a Bartomeu para combatir los constantes ataques sufridos en redes a raíz de los disturbios acaecidos en Barcelona el 1 de octubre de 2017.

Facturas sin IVA

Sin embargo, tanto Gómez Ponti como Grau coinciden en que los trabajos para los que se contrató a I3 Ventures eran del todo pertinentes en un club como el Barcelona, tan expuesto mediáticamente y que requería mantener una buena reputación en un momento delicado; o lo que es lo mismo: “Neutralizar el estado de opinión”. La estrategia fracasó, pero ambos exempleados reconocen que de los informes se desprendía que las cantidades pagadas entraban dentro del precio de mercado. Al menos, así lo aseguraba el informe de Alfa Capital, mientras que la auditoría de PWC apuntaba que había trabajos inacabados y un posible sobreprecio.

Bartomeu, Masferrer, Grau y Gómez Ponti / CULEMANIA

Otro de los temas polémicos que surgió durante el interrogatorio es referente a la ausencia del IVA en las facturas. Nuevamente, Gómez Ponti explica a preguntas de la acusación que eso era así porque el emisor de las facturas era una empresa con sede en Uruguay, donde no se aplica el IVA, y no se trataba de una sociedad radicada en España.

Indignación y próximas declaraciones

Desde el entorno de los investigados se siguen mostrando muy indignados con el comportamiento que tuvieron los Mossos el día de la detención. Gómez Ponti y Grau estuvieron unas 12 horas retenidos hasta que, finalmente, fueron puestos en libertad después de que sus abogados invocasen un habeas corpus –para ser llevados inmediatamente ante el juez para que este decida sobre la legalidad del arresto–, mientras que Bartomeu y Masferrer pasaron la noche en el calabozo. También se quejaron de que los Mossos no incorporaron el informe de PWC a la documentación judicial y tuvieron que hacerlo posteriormente, en un plazo de 48 horas, a petición de la defensa a la jueza.

Las próximas diligencias se practicarán en el mes venidero. Bartomeu y Masferrer deben declarar el 30 de junio sobre el delito de injurias y calumnias donde Jaume Roures consta como querellante, mientras que el próximo 20 de julio está prevista la declaración de Carlos Ibáñez, dueño de I3 Ventures, en relación al delito de administración desleal.