Roures, el avalista del Barça cuya empresa fue condenada por sobornos

Cuando nadie le esperaba, apareció. Jaume Roures protagonizó una de las sorpresas de la semana al descubrirse que es uno de los socios que colaboran económicamente con el aval de Joan Laporta. El empresario aportará cerca de 30 millones de euros a través de la sociedad patrimonial Orpheus Media, que podría considerarse sociedad pantalla.

Culé reconocido y protagonista de varios encontronazos con Sandro Rosell en los últimos años, Roures ha sido decisivo para que Laporta y el resto de la junta directiva pudieran presentar el aval. Sus 30 millones de euros, sumados a los casi 40 que aportará Audax, cubren los 70 que faltaban a los directivos.

Sobornos

Roures es uno de los empresarios más poderosos del fútbol español y tiene varias manchas en su historial. La más destacada es la vinculación de Imagina, filial de Mediapro, con el FIFAgate. La justicia de Nueva York condenó a la compañía por haber sobornado a directivos para hacerse con los derechos televisivos del Mundial. El mencionado ente judicial acusó a la mencionada empresa de formar "una estructura criminal" y de haber participado en conspiraciones para apropiarse de los derechos audiovisuales.

Jaume Roures en una foto de archivo / EFE

Jaume Roures en una foto de archivo / EFE

La propia empresa admitió el pasado mes de noviembre, a través de un comunicado, el pago de sobornos: "Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes. La conducta de la que Imagina fue responsable incluyó el pago de sobornos a directivos".

Mediapro señaló que "en dicha conducta delictiva estuvieron implicados tres empleados, dos de los cuales se declararon culpables del pago de numeros sobornos, y el tercero, un ex co-director general de Imagina, aceptó el pago de un soborno de 1,5 millones de euros".

20 millones

Los mencionados derechos, tal y como concretó la compañía, englobaban la fase de clasificación de las regiones de Centroamérica y Caribe, es decir, la CONCACAF, para los Campeonatos del Mundo de 2014, 2018 y 2022, lo que vulneraba la legislación de Estados Unidos.

La empresa catalana se vio obligada a pagar una multa de 20 millones de euros para evitar que las autoridades judiciales estadounidenses siguieran investigando las conductas delictivas del grupo.