El estallido policial del Barçagate está causando estragos. Tras ser detenido el lunes, pasar la noche en el calabozo y acogerse al derecho de no declarar este martes antes de ser puesto en libertad, Bartomeu ha adquirido formalmente la condición de investigado --antiguamente, imputado-- por la supuesta comisión de un delito de administración desleal y otro de corrupción entre particulares. Las mismas acusaciones recaen sobre el que fuera su asesor de presidencia, Jaume Masferrer, que fue despedido del Barça por la junta gestora en noviembre y debidamente indemnizado, previa aplicación de la rebaja salarial por el coronavirus. Posteriormente, la magistrada Alejandra Gil ha levantado el secreto de sumario que se prolongaba durante meses y los Mossos d'Esquadra han filtrado en seguida su informe a distintos medios de comunicación como Ser Catalunya, La Vanguardia, El Periódico y El País.
Mientras salen a la luz algunas de las diligencias practicadas por el cuerpo policial, como una lista negra de periodistas supuestamente contrarios a Bartomeu o el supuesto sobreprecio pagado a I3Ventures por valor de 1,2 millones de euros, entre los investigados reina la indignación. Culemanía ha contactado con distintos abogados de la defensa y todos coinciden en señalar que "el procedimiento aplicado por los Mossos no es el habitual" y que "se ha actuado de manera claramente desproporcionada" desde el momento de la detención. Un argumento que también sostienen otros penalistas consultados por este medio, ajenos a la causa.
Sobre la desproporcionalidad
Uno de los aspectos que entran dentro de esta desproporcionalidad es el hecho de que los cuatro detenidos --dos de ellos (Bartomeu y Masferrer) ya son formalmente investigados mientras que los otros dos (Grau y Gómez Ponti) todavía no-- siguen privados de varios de sus bienes personales. Les incautaron los teléfonos móviles, sus ordenadores portátiles, tablets y documentos de su hogar. Por el momento no se los han devuelto pese a estar en libertad, con "la agravante de que dos de ellos ni siquiera tienen la condición de investigado". Al menos, no la tienen por ahora, pero el abogado Jorge Navarro reconoce que "lo asumimos como la consecuencia normal de lo que pasó ayer".
El letrado de Gómez Ponti también alega que "en un primer momento parecía que también querían que Román y Grau pasasen la noche en comisaría", pero finalmente logró convencer al cuerpo policial de que era "desproporcionado" que su cliente se quedase toda la noche en el calabozo. "Es un dislate", asegura Navarro, crítico con una actuación que le pareció un sinsentido desde el primer momento: a Gómez Ponti le encerraron en una sala cuando llegó al Camp Nou y al principio ni siquiera le dijeron que estaba detenido.
"Vulneración flagrante de derechos"
"Yo pedí el mismo trato que habían recibido los otros (Grau y Gómez Ponti) para mi cliente, pero me dijeron que esto provenía de una orden superior y no había vuelta de hoja", argumenta la abogada Olga Tubau, defensora de Masferrer, sorprendida por la forma de proceder. Aunque, en cambio, sí reconoce que "las detenciones policiales son más habituales de lo que parece, aunque no tanto en casos mediáticos" y que "la incautación de teléfonos y ordenadores es una práctica frecuente".
Jaume Masferrer ya estaba pegado a Bartomeu el día que ganó las elecciones de 2015 / CULEMANÍA
Otro aspecto que consideran una "vulneración flagrante de sus derechos" es el hecho de que les obligasen a declarar ante los Mossos, sin la posibilidad de que nadie más les hiciese preguntas. "El procedimiento judicial prevé que tanto la acusación como la defensa pueda preguntar a los investigados y eso es importante por la posibilidad de incurrir en contradicciones que no se hubiese dado en este caso", argumentan. También interrogaron a otros trabajadores del Barça en supuesta calidad de testigos, como Pancho Schroeder y Mireia Simona.
Toca comprar móvil nuevo
Sobre el tema de los teléfonos requisados, los letrados consultados coinciden en señalar que "no les queda más remedio que pedir un duplicado de tarjeta y comprarse un móvil nuevo" mientras no les devuelvan sus bienes. Asimismo, convienen que los teléfonos ya podrían estar pinchados.
Otro aspecto en el que curiosamente coinciden es en que todavía no tiene ninguno de ellos la causa del caso. Aunque la jueza ha levantado el secreto de sumario y los informes se han filtrado a distintos medios de comunicación, la defensa todavía no sabe exactamente de qué se tiene que defender. Están a la espera de que el juzgado emita diligencias y les informe de los hechos, que suele ser el procedimiento habitual cuando se admite a trámite una querella: se notifica quienes son los investigados y se les hace entrega de la documentación que obra en autos.