Dicen los estatutos del FC Barcelona que, para poder entrar a gobernar el club, la nueva junta directiva debe avalar el 15% del presupuesto de ingresos de la temporada en curso. La facturación presupuestada este año asciende a 828 millones de euros, con lo que la cifra que deberá avalar el próximo presidente y sus directivos es de 124,2 millones.
Esta realidad normativa, conocida por todos los precandidatos que se presentaron a las elecciones, no parecía ser un inconveniente para ninguno de ellos. En precampaña, muchos de los aspirantes a la presidencia aseguraban que los avales no suponían ningún problema. “Lo pides al banco y te lo dan”, llegaron a confesar con pasmosa tranquilidad precandidatos como Jordi Farré y Lluís Fernández Alà en entrevistas concedidas a Culemanía. La realidad es bien diferente.
Joan Laporta y su equipo directivo todavía no lo tienen asegurado. Los miembros de Estimem el Barça están en estos momentos en plena fase de negociación con dos entidades bancarias para conseguir ese aval, que debe ser presentado ante las oficinas de la Liga de Fútbol Profesional. Una de ellas, la que asumiría la totalidad o una parte muy importante de esos 124,2 millones, es el Banc de Sabadell. Aunque el propio Laporta reconoció hace unas semanas en RAC1 que habían negociado con más bancos, Culemanía puede avanzar que en estos momentos son solo dos los que están en liza.
Negociaciones con el Sabadell
La Caixa no es una opción viable para Laporta por cuestiones personales que afectan a miembros de su candidatura, entre otras cosas. Ello prácticamente obliga también a descartar a Bankia, debido a la reciente fusión entre ambas financieras. Lo normal es que acaben encontrando una solución con el Sabadell si ganan las elecciones, pero lo cierto es que por el momento no cumplen los requisitos para obtener ese aval.
El principal inconveniente es la contragarantía. La Liga exige que el aval esté proporcionado por un banco español, porque da más garantías de solvencia. Pero el banco, para aceptar otorgar ese aval, debe tener una contragarantía superior a la cantidad requerida para el propio aval. Es decir, si el aval es de 120 millones de euros, la contragarantía tendrá que ser, al menos, de unos 150 millones de euros, según informan fuentes financieras a este medio.
Joan Laporta con Maria Elena Fort, Jordi Llauradó y Juli Guiu (izquierda) en un acto de campaña / Estimem el Barça
Desde el entorno de Laporta llaman a la calma. Reconocen que todavía no han cerrado el tema del aval, pero que están muy cerca de conseguirlo. El reto es alcanzar esos 150 millones con la suma de los distintos patrimonios que conforman la candidatura. Pero no llegan. El que más aporta es Jordi Llauradó, hijo del difunto Jaume Llauradó, que fue vicepresidente del Barça de Gaspart y se presentó a las elecciones de 2003 siendo entonces uno de los rivales de Laporta.
Falta la contragarantía
En estos momentos, Laporta y compañía buscan financieros que les ayuden a sumar la cantidad que les falta. La posibilidad de contar con fortunas extranjeras no da demasiada confianza a los bancos. El Sabadell no pondrá pegas por cuestiones ideológicas ni de ningún otro tipo siempre y cuando queden bien cubiertos los riesgos financieros.
Hay que recordar que el Sabadell fue el primer banco en trasladar su sede fuera de Catalunya, concretamente a Alicante, tras el referéndum del 1 de octubre y la amenaza de ejecutar la DUI. Esta entidad también avaló en su día a Rodrigo Rato y concedió una hipoteca al líder de VOX, Santiago Abascal, asumiendo la impopularidad que ello pudiese generar. Avalar a Laporta es el próximo objetivo, pero no será viable hasta que aporten garantías suficientes.
Freixa y Font ya lo tienen
Los otros dos candidatos, Toni Freixa y Víctor Font, ya tendrían esta cuestión resuelta. El primero cuenta con un potente empresario aliado y dispuesto a contraavalar. El segundo aseguró este jueves a Culemanía que lo tiene controlado y, aunque no dio detalles, se desprende que entre su patrimonio y el de algunos otros miembros de su directiva ya alcanzan.