Este jueves, Yolanda Ríos, jueza de lo Mercantil número 12 de Barcelona ha resuelto suspender la admisión a trámite del concurso de acreedores instado por la empresa Muro Cortina Modular, conocida como MCM, contra el FC Barcelona hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta petición choca con las medidas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a las empresas con altas dificultades a superar la crisis. En concreto, el Ejecutivo estableció una moratoria en materia concursal por la que nadie está obligado a presentar un concurso de acreedores hasta el próximo año.
Esta empresa, contratada por el club, instó el concurso necesario de la entidad el pasado 3 de noviembre alegando su presunta situación de insolvencia y pidiendo el nombramiento de un administrador concursal para sustituir a la gestora. Quieren cobrar los 3,5 millones de euros que reclaman a la entidad por la construcción de la fachada de doble piel de La Masia.
Imagen de archivo de La Masía / FCB
Imagen de archivo de La Masía / FCB
La parte demandante argumentaba su petición que es conocido los problemas de liquidez del club pues ha constituido una mesa de negociación con sus trabajadores, incluidos los deportistas profesionales, para renegociar sus salarios. El objetivo es reducir en 190 millones de euros los gastos y asegurar la supervivencia económica de la entidad.
Otra de las alegaciones de MCM es la deuda que el Barça mantiene con ellos: 1,9 millones de euros más IVA que costó la fachada. También que el origen del contrato era del 22 de diciembre de 2010 bajo la presidencia de Sandro Rosell y venció el pasado 30 de junio de 2017.
Demandas cruzadas
Por parte del Barça, los culés también interpusieron una demanda sobre este asunto. Se alegan daños estructurales en la doble piel de la fachada de La Masia sobre los que se debía proyectar publicidad y que ya han supuesto más de 250.000 euros en reparaciones.
Ya en el pasado, se desestimó una demanda de MCM en la que se reclamaba a la entidad una indemnización de 99,3 millones de euros por incumplimiento de contrato. Entendían el club no les había permitido explotar la publicidad del edificio de la Ciutat Esportiva tal y como habían pactado. La constructora tuvo que pagar los cotes procesales, más de 900.000 euros que el club asegura que no ha cobrado.