El pasado martes 26 de marzo la Audiencia Nacional dejó visto para sentencia el juicio de Sandro Rosell, su socio Joan Besolí, su esposa Marta Pineda y tres presuntos testaferros. El expresidente azulgrana se enfrenta a una pena de seis años de cárcel por crear una estructura financiera con la que presuntamente blanqueó veinte millones de euros.
A falta de conocer la sentencia, que se publicará en un periodo de entre quince días y un mes, estos más de 30 días de juicio permiten extraer ciertas conclusiones, algunas de las cuales provocan optimismo en la defensa.
Nada que ver con el Barça
Durante su declaración Sandro Rosell alegó que todos sus problemas con la justicia eran consecuencia de haber sido presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014. El acusado explicó que había sufrido tres denuncias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional desde entonces y más de 50 inspecciones de Hacienda. Su abogado Pau Molins recalcó que "iban a ver lo que le encontraban, buscaban a diestro y siniestro".
Imagen captada de la señal institucional de la Audiencia Nacional del expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell / EFE
Algo que rebatió el fiscal José Javier Polo, que explicó que "no hay ningún tipo de persecución contra Rosell y menos porque haya sido presidente de un determinado club de fútbol". Polo aseveró que estas teorías "solo sirven para alimentar paranoias".
Trato distinto
El abogado del expresidente del FC Barcelona, Andrés Maluenda, denunció diferencia en el trato a Sandro Rosell y Joan Besolí respecto a otros imputados como Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio Gónzalez y José María Villar: "Primero estuvieron en Soto del Real, luego en can Brians y después otra vez en Soto del Real" exclamó la defensa.
"Han visto como Jordi Pujol Ferrusola entraba y salía con una fianza de 500.000 euros, Ignacio Gónzalez, que estaba investigado por corrupción política, salió tras pagar 400.000 euros, y a Rosalía Iglesias (esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas) le bastó con un pago de 200.000 euros" señaló Maluenda.
Por último, comparó la situación de Rosell con la del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, de quien dijo que es "el caso más parecido" pero "salió a los quince días con una fianza de 300.000 euros".
¿Hubo delito?
La Fiscalía estima que los acusados formaban un grupo que blanqueó casi 20 millones de euros de comisiones presuntamente recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que el expresidente del FC Barcelona, supuestamente, se habría quedado 6,5 millones.
Una foto de Sandro Rosell durante el primer día de juicio / EFE
Se vinculan esas comisiones a dos contratos en los que Rosell intermedió. El primero, firmado en 2006, por el que la CBF cedía los derechos de 24 partidos amistosos a una televisión de Arabia Saudí. El segundo, dos años más tarde, en un contrato de esponsorización con la multinacional norteamericana Nike.
La defensa de Sandro Rosell rehúsa calificar estos presuntos delitos como tal. Así lo explicó el abogado Maluenda: "El mundo del fútbol mueve millones de euros y sospechar es lícito, pero hasta los que creen que Rosell cobró comisiones están convencidos de que el único veredicto es la absolución”.
Argumentan falta de pruebas
Los defensores del expresidente azulgrana sostienen que en caso de que hubiera un delito por cobro de comisiones, es algo que se habría cometido en Brasil y allí no es delito. El fiscal Polo expuso una visión radicalmente diferente el pasado lunes: "Esto no es un delito local. Es transnacional, universal".
Entre los abogados defensores reina la percepción de que la rebaja de la pena (de once a seis años) y las dificultades para probar los supuestos delitos podrían provocar que Rosell fuera declarado inocente. El letrado Ismael Lozano incluso ironizó con el trabajo del fiscal: "He aprendido mucho de usted. Haber heredado una causa así y haber intentado salvar los muebles tiene un mérito extraordinario".
En el supuesto de que Sandro Rosell y Joan Besolí fueran absueltos se produciría un hecho sin precedentes: los acusados habrían pasado más de 21 meses en prisión provisional siendo inocentes. Esto es una mera especulación, pues la última palabra la tendrá la Audiencia Nacional, que será quien en un periodo de entre quince días y un mes emita su veredicto.