Cuando para Laporta todo valía

A finales de los años 90 del pasado siglo (hace unos 30 años) apareció en el ámbito barcelonista un movimiento autodenominado Elefant Blau, comandado por el entonces joven abogado Joan Laporta y el también abogado Sebastià Roca, con el objetivo de derribar a Josep Lluís Núñez de la presidencia del FC Barcelona, con métodos, alguno de mal gusto y desleal, basados en la calumnia, en las mentiras y en todo aquello que pudiera perturbar el buen ambiente en el club, para presentarlo como un caos ante la opinión barcelonista.

Según publicó La Vanguardia (11/1/1998), en el grupo promotor del paquidermo azul se integraron Agustí Benedito, Jacint Borràs, Armand Carabén, Joaquim Gabarró. Emili Grau, Pep Munné, Albert Perrín y Carles Torrent.

El objetivo inmediato de los “elefantes” fue instar a presentar un voto de censura contra el presidente Núñez, solamente medio año después de que, en el mes de julio de 1997, ganara las elecciones sobre Àngel Fernández --dueño de Don Piso, para más datos--, con claridad aplastante. De 31.485 socios votantes, 24.025 (73,6%) lo hicieron por Núñez y 5.209 (16,5%), por Fernández.

Aquella victoria no fue suficiente para que Laporta aceptara el veredicto de las urnas y en el mes de diciembre presentó, como líder del Elefant Blau, una solicitud formal de voto de censura basado, según el escrito que lo justificaba, en tres puntos: “Falta de cultura democrática al convocar elecciones en julio de 1997, lo que se tradujo en una elevada abstención; erráticas decisiones en el terreno deportivo que ponen en peligro el futuro económico de la entidad, que ha tenido que pedir un crédito de 6.000 millones, y la falta de información sobre la situación económica, que puede obligar al club a convertirse en sociedad anónima”.

Cabe señalar que en su primer mandato presidencial (2003/2010), Laporta convocó elecciones presidenciales no en julio, sino en la tercera semana del mes de agosto de 2006. Ganó sin oposición, claro. Como ha ocurrido en los últimos cinco años, en ese primer mandato ya vendió patrimonio del club, concretamente, dos tercios de la parcela de Can Rigalt, por 35,5 millones de euros, y una parcela en Sant Joan Despí, por 20 millones más, a fin de tapar las pérdidas de su mandato, lo que no consiguió del todo. En la última auditoría, la que cerraba su mandato, obra de Deloitte, se detectaron unas pérdidas de 46,5 millones, que fueron objeto de una acción de responsabilidad, aprobada por los socios mediante votación en la primera asamblea del mandato de Sandro Rosell. Laporta y sus directivos tuvieron que avalar dicha cantidad conjunta y solidariamente, pero al final fue Josep Maria Bartomeu el que, en aras de la unidad del barcelonismo, desistió de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y no se ejecutó la sentencia.

Censo imposible

La actividad desestabilizadora de Laporta, como líder del Elefant Blau, comenzó a finales de los años noventa con la petición de un imposible al club, que fue disponer del censo de socios. Como quiera que le fuese denegado, para intentar demostrar una supuesta falta de transparencia presentó una demanda contra el club ante el Juzgado de Primera Instancia número, de Barcelona. El juez desestimó su pretensión alegando que infringía la Ley de Protección de Datos, que prevé fuertes multas para los infractores. Es más, ni el propio Laporta, ya presidente, permitió la cesión de ese listado de socios cuando lo solicitaron los promotores del voto de censura en su contra, en 2008. Entonces, como ahora, para él ya no “vale todo”.

Censo correcto

No contento con aquel primer revolcón, Laporta denunció la legitimidad del censo del Barça ante la Agencia de Protección de Datos, por contener, a su parecer, duplicidades y errores. Ocho meses tardó el citado ente estatal en verificar la certeza de la denuncia, pero en su resolución no sólo no halló nada de lo que Laporta denunció, sino que animó al Club a seguir protegiendo con eficacia los datos del censo de sus asociados.

El voto de censura

La tercera derrota le llegó a Laporta por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dictaminó que el plazo para la recogida de firmas para avalar un voto de censura tenía que ser de 14 días, confirmando así la tesis del club, por simple analogía con el procedimiento electoral. El socio Josep Maria Loperena impugnó ante los tribunales la sentencia, por considerar que dicho término debía ser sine die. Laporta puso su bufete profesional a disposición de Loperena, pero el juez fue tan rotundo en su decisión, que incluso condenó a los demandantes a pagar las costas.

Dimisiones ficticias

Siguiendo por la senda de crear un clima de crispación permanente, la cuarta derrota le llegó a Laporta por parte de la Secretaria d’Esports de la Generalitat, que no aceptó su pretensión sobre que el hecho de que los directivos de Núñez pusieran sus cargos a disposición de este equivalía a una dimisión en bloque y que, en tal caso, el club quedaba obligado a convocar elecciones. En su resolución, la Generalitat le negó la razón y tampoco consideró que la junta directiva hubiera infringido los estatutos del Club, ya que poner un cargo a disposición de un superior “no significa necesariamente abandonar el cargo”.

Control de elecciones

En el colmo de lo absurdo, a Laporta le llegó el quinto revés también desde la Generalitat. Ante la Secretaria d’Esports del Gobierno catalán presentó un requerimiento para que controlara los procesos electorales del Barça, porque no eran fiables. La respuesta negativa no tardó ni una semana en llegarle, con un argumento claro y obvio: el Barça es un club privado y es la junta electoral la encargada de controlar sus procesos electorales.

Durante el tiempo en que se produjeron los citados casos, aparte las vejaciones e insultos que Laporta dedicó al presidente Núñez, basó su táctica destructora en el principio de repetir las mentiras hasta que llegaran a ser creídas como verdades por la opinión pública. Y con la colaboración, sobre todo, de los medios de comunicación oficiales de la Generalitat, logró engañar la buena fe de muchos barcelonistas.

Auditorías bajo sospecha

Esa labor destructora sistemática se realizó especialmente en el aspecto económico y, a tal efecto, Laporta contrató tres firmas auditoras --González y cía. Auditores SRL, Fornés, Salas y cía. SRC y Basic LS-- para que emitieran informes sobre las cuentas del club, sin haber tenido el preceptivo acceso a las mismas, ni haberlas contrastado con las firmas que las habían realizado.

El club reaccionó denunciando la maniobra ante los tribunales de justicia por injurias y falseamiento de la verdad. Los auditores contratados por Laporta se hicieron atrás, al reconocer falta de fidelidad y rigor en sus conclusiones, ya que se trataba de simples informaciones que se les había asegurado que no se harían públicas. O sea, un montaje, pero que tuvo consecuencias, ya que, por su parte, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas abrió un expediente deontológico a las tres firmas citadas, por manifiesta falta de ética y el descrédito que eso suponía para los profesionales que hacen su trabajo correctamente, entre otros cargos. Una de ellas --no recuerdo cuál-- cerró puertas.

Embaucados por su cliente, los tres auditores de Laporta aseguraban que el Barça tenía unas deudas de 14.506 millones de pesetas, cuando en la auditoría de Deloitte de julio de 1997 se reconocían 2.872 millones a corto plazo y 341, a largo.

El desmontaje oficial y definitivo de las pretendidas deudas multimillonarias ocultadas por las auditorías llegó con casi dos años de retraso, por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), ante el que el club recurrió para demostrar la calidad del trabajo. En la resolución del ICAC (29/6/2000), se significó no haber detectado en las auditorías del Barça incumplimientos de la Ley de Auditoría de Cuentas y que los resultados respondían fielmente a su situación económica. Pero el engaño de Laporta ya había calado en su discurso del “todo vale”.

Conclusiones

Tribunales de Justicia y organismos oficiales frenaron, pues, la labor destructora de un Laporta que lleva ahora camino de batir sus récords personales de gestión. En 2010, al término de su primer mandato, dejó los ya citados 46,5 millones de pérdidas, pero también un fondo de maniobra negativo superior a los 200 millones, en tanto que el patrimonio neto, que cuando se marchó Núñez era de 72 millones, en 2010 pasó a ser negativo: -56,6 millones. Todas estas cifras son verificables, dado que figuran en el apartado económico de las memorias anuales del club.

En estos momento, la gestión ordinaria --sin Espai Barça-- de Laporta, a punto de prolongar su segundo mandato, ya es conocida por todos gracias a los auditores: un Patrimonio Neto Negativo de -154 millones --que motivó la multa de 60 millones de la UEFA--, todos los ejercicios cerrados con pérdidas --simuladas por la venta de patrimonio, maniobra ahora prohibida por la Liga--, una deuda superior a 2.083 millones --654 a corto y 1.429 a largo, según se constata en la página 56 de la última auditoría de Crowe Spain-- e incumplimiento continuado del Fair Play de la Liga, entre otras.

Pero ahora, con la llegada de una denuncia ante la Audiencia Nacional --pendiente de si tendrá o no recorrido judicial-- por blanqueo de dinero y administración desleal, entre otras “minucias”, Laporta se lamenta y proclama que “no todo vale” ante unas elecciones. Vivir para ver…