El artículo 19 de los Estatutos del FC Barcelona dice textualmente que “la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del FC Barcelona y sus acuerdos son vinculantes para todos los socios y socias y para la Junta Directiva”. Pues bien, este órgano supremo de gobierno ha sido ninguneado, una vez más, por el presidente Laporta, al disponer dictatorialmente que la próxima Asamblea General sea telemática y no presencial. Ni siquiera híbrida, entre una y otra. Este gesto pasará a la historia como uno de los más indignos que se recuerda en un presidente, por el desprecio y el ninguneo que supone hacia los 3.400 compromisarios representantes de la masa social.

Para consumar tamaña desconsideración se ha acogido a la Ley del Deporte de Catalunya, pero no a los Estatutos del Club, que no recogen la posibilidad de una

asamblea telemática, porque se da por descontada la condición de presencial. El espíritu de dicha Ley del Deporte catalana es el de facilitar la participación en las asambleas de los clubs pequeños, pero no para que un club grande como el Barcelona pueda aprovecharse de sus preceptos en circunstancias normales.



Como se recordará, las asambleas telemáticas se adoptaron como medida de emergencia durante la pandemia del Covid-19, a fin de evitar contagios. Una vez superado el peligro sanitario, la primera asamblea de este segundo mandato de Laporta fue presencial. Pero a partir de ese momento, se acogió a la aludida Ley del Deporte para esquivar al socio (que es el propietario del Club, según proclama Laporta para engatusarlos) al que, sin duda, teme mirar cara a cara por las tropelías, desmanes, frivolidades y disparates que ha cometido.



Y mentiras. Con una mentira (la que Beckham iba a fichar por el Barça, cuando ya era jugador del Real Madrid) llegó a la presidencia en 2003 y con otra mentira repitió en 2021 cuando prometió que Messi seguiría, además de aquella pancarta ante el Bernabéu, gentileza de Florentino. Incluso en la reunión anual con los senadores (primeros 1.000 socios) les prometió una asamblea presencial, algo que ya había anunciado al final de la telemática de 2023.



La última mentira la dijo cuando anunció un beneficio ordinario de 12 millones en 2023/24. Al final ha tenido que reconocer, instado por el auditor Grant Thornton, que en realidad el balance refleja unas pérdidas de 91 millones, fruto de sus delirios sobre la viabilidad de la palanca fallida de Barça Vision.



Conociendo el percal, no es difícil imaginar cómo serán las votaciones de la próxima asamblea, entre ellas la del cierre del pasado ejercicio, con las citadas pérdidas que serían de 159 millones si no hubiese vendido jugadores por valor de 80.



A estas alturas, ¿quién se cree a Laporta? ¿Quién garantiza el recuento de las votaciones y la identidad de los socios que intervendrán? En los Estatutos no se explicita nada sobre mecanismos que garanticen que no habrá pucherazo. El “órgano supremo de Gobierno” será, pues, nuevamente vilipendiado. Ni Laporta no podía llegar tan lejos, ni el Barça caer más bajo.