La Fiscalía de Barcelona ha presentado finalmente una querella contra Shakira por un supuesto fraude fiscal correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Pese al pago ante Hacienda de 14,5 millones y 20 millones de euros, la colombiana tendrá que acudir a los juzgados, si se admite a trámite la querella, para aclarar su situación fiscal en los próximos meses.
Seis delitos por los que la Fiscalía reclama 14,5 millones de euros por evadir impuestos en España pese a que residía de forma habitual en Barcelona y Esplugues dada su relación sentimental con Gerard Piqué. Algo que la Fiscalía considera delito porque Shakira "manifestó en multitud de ocasiones que tenía residencia fiscal en Bahamas" desde 2007 aunque entre 2012 y 2014 "no estuvo ningún día de presencia física y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto".
Por ello, la acusación destaca que debió tributar en España ya que residió en el país más de 183 días pese a la independencia del lugar de donde percibía sus ingresos por su actividad profesional.
Una fortuna en inmuebles
Unos impuestos que no pagó porque, supuestamente residía en una de sus propiedades en las Bahamas valorada en más de un millón de euros. La fiscal ha hecho una enumeración detallada de todas sus propiedades, algunas domiciliadas en paraísos fiscales, para, presuntamente, evitar el pago de dichos impuestos. La artista internacional posee en su totalidad o al 50 %, gracias a sociedades, siete propiedades que alcanzan un valor total de más de 17 millones de euros.
Propiedades | Valor |
---|---|
Bahamas | 1.157.726€ |
Miami (Coquito) | 901.536€ |
Miami (North Bay) | 3.833.503€ |
Uruguay | 383.364€ |
Barranquilla (Colombia) | 208.834€ |
Nueva York | 1.937.358€ |
Esplugues de Llobregat | 9.455.838€ |
Total | 17.878.159€ |
Una larga lista que apila una fortuna en bienes materiales que utilizó para beneficiarse de su posible residencia fuera de España y por la que esquivó el pago de 12,3 millones la Agencia Tributaria por el IRPF de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y otros 2,2 millones que debería haber abonado a la Agencia Tributaria de Cataluña por el IP en ese periodo de tiempo.