Shakira ha salido al paso ante las últimas informaciones publicadas sobre su caso abierto con la justicia española. La Fiscalía de Barcelona se querelló este viernes contra la cantante colombiana por seis posibles delitos de fraude fiscal en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 en los que le reclaman 14,5 millones de euros en IRPF en Impuestos de Patrimonio (IP) a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
A falta de conocer si se admitirá a trámite, la de Barranquilla ha emitido un comunicado en el que asegura tajantemente que "ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto, no debe nada al Estado español".
La estrategia del miedo
Más allá de defender su imagen pública ante tales acusaciones, la colombiana ha destacado que "no tiene sentido" que el ministerio público le reclame una fianza de 19,5 millones de euros ya que, el pago de lo reclamado, se hizo efectivo en su momento. Los asesores de la artista tachan de campaña mediática el proceso judicial abierto contra la de Barranquilla para alertar y "meter miedo al resto de los contribuyentes utilizando a Shakira como chivo expiatorio, ya que ha sido una persona que ha contado toda su vida con una intachable reputación".
La cantante colombiana Shakira en una imagen de archivo
Asimismo, no han dudado en criticar la formalidad de la Fiscalía y es que según ese mismo comunicado, Shakira se habría enterado este viernes de la querella a través de la prensa y formalmente. "Lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado repartiéndola a la prensa incluso antes que al Juez extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus".
Colaboración total
Continuando con el mismo comunicado, la defensa de la cantante sostiene que los ejercicios de los que se le acusa --2012, 2013 y 2014-- nunca estuvo más de 183 días en España y que no fue hasta 2015 cuando tomó "la iniciativa de declararse residente fiscal en España y tributar en este país" dado su relación con Gerard Piqué y sus compromisos profesionales.
Además, defienden que "la estructura societaria que se discute se formó en 2007 "años antes de conocer a su pareja cuando Shakira no vivía en España, ni tenía intenciones de hacerlo" y que fue validada por autoridades de la Unión Europea y por PriceWaterhouseCoopers (PwC).