Logroño es testigo de una de las historias más rocambolescas que ha vivido su población. Dos bebés fueron intercambiadas en el extinto Hospital San Millán. Los hechos ocurrieron en 2002 y es fruto de un cúmulo de catastróficas desdichas que puede costar millones de euros a La Rioja.

Por esas fechas, nació una bebé prematura de casi 2,29 kilos por lo que la dejaron en la incubadora. Compartía sala con otra pequeña que nació cinco horas antes que ella con 2,27 kilos de peso.

Primera denuncia

Como si se tratara de una película, un error humano hizo que las bebés fueran intercambiadas. Una negligencia en toda regla con todo tipo de consecuencias de la que nadie se cuenta.

No fue hasta 2017 que la historia empezó a destaparse. La pequeña de más peso vivía con su abuela, que tenía su tutela legal. Ante el impago de la pensión alimenticia por parte del padre decidió denunciarlo.

Pruebas de ADN

El progenitor negó que tuviera nada que ver con la pequeña, por lo que la mujer reclamó que se le hicieran las pruebas de paternidad. El resultado dio negativo: no era el padre.

La chica se hizo nuevos estudios poco después y su sorpresa fue mayúscula al descubrir que en su ADN no había rastro alguno de la que se suponía era su madre biológica. La chica, ya con 15 años, inició su investigación.

Actuación administrativa

En 2018 se puso en contacto con la Consejería de Salud para reclama una "la averiguación y determinación de su inequívoca identificación con arreglo al principio de veracidad biológica y que se le notificara el resultado e identificación inequívoca de sus progenitores biológicos”.

La Administración procedió a ello y ha concluido que la joven, que ahora tiene 19 años, fue intercambiada por otra niña poco después de nacer. Un caso que están dispuestos a "resolver”.

Tres millones

La chica ya ha descubierto quien era su madre. Una mujer del lugar que murió en 2018 y a la que nunca pudo conocer. A día de hoy, aún está a la espera de que las pruebas genealógicas determinen quién es su padre.

Ante los graves perjuicios ocasionados, la joven reclama al departamento de Salud 3.005.060,52 euros en concepto de responsabilidad por daños morales. La otra parte, en cambio, sólo le ofrece 215.000 euros, por ahora, aunque asevera que están dispuestos a “resolver los trámites y respetan el procedimiento judicial".