Agentes de la Policía Nacional han liberado a nueve mujeres, de nacionalidad colombiana y venezolana, que eran obligadas a ejercer la prostitución en tres locales de Alicante. Del mismo modo, diez personas han sido detenidas por, presuntamente, controlar los prostíbulos en los que trabajaban.
Al parecer, las jóvenes vivían confinadas en la habitación de uno de los locales en las que eran explotadas, y debían estar disponibles las 24 horas del día para prostituirse. Las explotaban durante jornadas maratonianas y bajo duras condiciones, por lo que "llegaron a poner en riesgo su vida ya que eran obligadas a trabajar aún estando enfermas".
Dan por desarticulada la organización
La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tráfico de drogas en una operación policial que se inició en pleno estado de alarma.
En ese momento, los agentes detectaron un local con licencia de hotel que se encontraba abierto cuando debía permanecer aislado, donde localizaron a cuatro mujeres de las que sospecharon que podían estar siendo víctimas de explotación sexual.
Así engañaban a sus víctimas
Varias de estas víctimas se acogieron a la condición de testigos protegidos y, en sus declaraciones, manifestaron que habían sido captadas en Colombia y Venezuela con la promesa de un trabajo en España que les permitiera mejorar sus condiciones de vida y poder mantener a los hijos que tenían en sus países de origen.
Era la propia organización la que facilitaba a las víctimas los billetes de ida y vuelta, la documentación y el dinero necesario para acreditar los medios de subsistencia, para pasar los controles sin problemas. Nada más llegar a España, les era retirada la documentación y el dinero prestado, con lo que contraían una deuda que debían pagar ejerciendo la prostitución.
Encerradas durante todo el día
Parece ser que no se les permitía salir del piso y, únicamente un día a la semana, podían ir a comprar durante dos horas, pero siempre acompañadas. Además, eran utilizadas para vender droga a los clientes y, sistemáticamente, les era negada la asistencia médica a pesar de estar enfermas y sometidas a un control férreo.
La mitad de lo que ganaban se lo llevaba la organización, y el resto servía para compensar la deuda. Los presuntos captores, al parecer, advertían a las mujeres de que estaban siendo grabadas en todo momento y las amenazaban con un mal para ellas o para sus familias si se mostraban disconformes con las cantidades a pagar.